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“La vergonzosa guerra contra las mujeres continúa”. Estas palabras de la congresista demócrata por Illinois Jan Schakowsky resumen lo que parece ser el sentimiento colectivo ante la nueva medida de la Casa Blanca que restringe el acceso a anticonceptivos a través de Obamacare. Muchas otras organizaciones, especialistas y, sobre todo, mujeres comparten su indignación.
El viernes, a pocos minutos de que fueran anunciadas las nuevas regulaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos que dan mayor discrecionalidad a empleadores y empresas de seguros de negarse a cubrir anticonceptivos basados en objeciones morales o religiosas, las redes sociales se desbordaron en críticas.
Encuestas realizadas por la Family Kaiser Foundation ya vaticinaban lo impopular que sería la medida que formó parte de las promesas de campaña de Trump: dos de cada tres estadounidenses apoyan que Obamacare exija que los seguros cubran anticonceptivos sin costos de bolsillo.
99% de las mujeres sexualmente activas usan al menos un método anticonceptivo en algún momento de su vida y antes de Obamacare, estos representaban entre 30% y 44% de sus gastos de salud.
“Actualmente un estimado de 55 millones de mujeres cuentan con un seguro privado que les da acceso a 18 tipos de métodos de control de natalidad sin costo alguno”, explica a Univision Noticias Susan Gilbert, co-directora de la Coalición Nacional de Salud Sexual (NCSH). El costo de los anticonceptivos puede ser significativo: sin seguro médico un dispositivo intrauterino cuesta 900 dólares y la píldora puede rondar entre 240 y 700 dólares por año, indica
“Pagar por el control de natalidad no debería ser únicamente responsabilidad de la mujer. El sexo involucra a dos personas”, insiste.
“Eliminar el acceso a anticonceptivos sin co-pagos demuestra un gran desprecio por la medicina, la ciencia y cada derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su salud”, tuiteó Hillary Clinton.
Nina Esperanza Serrianne, analista de políticas para el Instituto Nacional Latino para la Salud Reproductiva (NLIRH) catalogó las nuevas medidas como “una afrenta a nuestra, dignidad, autonomía y derecho de poder tomar decisiones personales”. En su criterio, estas “abren la puerta para que los empleadores, escuelas y aseguradores les nieguen la cobertura económica al control de la natalidad a un sinnúmero de mujeres que dependen de los anticonceptivos sin gastos de bolsillo”.
Muchos especialistas también alzaron la voz. “Trabajo cuidando bebés y aún así quiero que las mujeres tengan acceso a control de natalidad”, manifestó la doctora Jean Moorjani en su cuenta personal.
En las redes, no faltaron quienes resaltaron la paradoja de querer frenar los abortos, pero a la vez poner trabas al acceso al control de natalidad. “Los republicanos pregonan ser pro-vida y ahora quieren negar a las mujeres el derecho a la contracepción? Me parece contradictorio”, comentó una usuaria de Twitter.
“Planificación familiar costeable y opciones en anticonceptivos ayudan a prevenir los embarazos no deseados”, denunció Human Rights Watch en un comunicado.
"Las probabilidades juegan en contra de las mujeres si no usan anticonceptivos. De hecho, 85% de las que no los usan quedarán embarazadas en un año", resalta Gilbert aclarando que no se trata de únicamente evitar la maternidad, sino de planificación famliar.
"La mujer promedio tiene como tamaño ideal de familia dos hijos. En consecuencia, pasará cinco años embarazada o intentando quedar embarazada, pero casi 30 años evitando tener hijos", dice.
Desde 2012 cuando se exigió que el seguro médico mediante el empleador incluyera anticonceptivos, la tasa de embarazos no deseados ha estado en su punto más bajo desde 1981. Igual ocurrió con los abortos que hoy en día son menos de los que había en 1973 cuando se legalizó la práctica. Todo eso ahora podría cambiar.
Muchas activistas han denunciado que no se quedarán de brazos cruzados ante lo que consideran un ataque directo contra sus derechos. Entre ellas está la fiscal general de Massachussets, Maura Healey, quien llevará el asunto a tribunales.
“Las acciones de la administración de Trump son un ataque sobre la salud de la mujer. Introduciré una demanda hoy para defender estas protecciones fundamentales #HandsOffMyBC”, tuiteó.
En el National Women’s Law Center ya han recibido mensajes de mujeres que también planean acciones legales basadas en la discriminación. “Al eliminar el acceso a los anticonceptivos sin costo, la norma da a los empleadores licencia para discriminar contra las mujeres”, explicó en un comunicado Fátima Gross Graves, presidenta de esa organización. “Representaremos a esas mujeres y demandaremos a la administración”, declaró Mara Gandal Powers, abogado de la entidad, a Fortune.
El acceso a anticonceptivos no afecta solo a las mujeres. “El control de natalidad no es un asunto femenino, sino de pareja. Yo quería dos hijos, no doce”, tuiteó Gabriel Mann.
